¿Qué papel juega la arquitectura financiera en el desarrollo de los países del hemisferio Sur?
Las Estrategias y acciones de América Latina y el Caribe ante la Arquitectura
Financiera Internacional
Además de las declaraciones y posturas, formuladas por los países de América Latina y el
Caribe en diferentes instancias, ámbitos y foros multilaterales, en la región se han venido
desplegando una serie de acciones concretas que claramente apuntan hacia la
creación de una arquitectura financiera regional, la cual se ha ido impulsando y
concretando gradualmente como expresión de la necesidad de hacer frente al
complejo escenario mundial, y de fortalecer los mecanismos regionales de cooperación
para enfrentar en mejores condiciones los impactos negativos derivados del
funcionamiento del sistema financiero y monetario internacional.
En tal sentido, interesa señalar lo sucedido con las experiencias más recientes en materia
de cooperación financiera y monetaria, como son el Sistema de Pagos en Monedas
Locales (SML) entre Argentina y Brasil, los avances en la concreción del Banco de la
ALBA, el inicio de operaciones a principios del 2010 del Sistema Unitario de
Compensación Regional de Pagos (SUCRE), y la firma en septiembre de 2009 del
Convenio Constitutivo del Banco del Sur. Todas estas acciones, constituyen una clara
expresión de avances en la construcción de una arquitectura monetaria financiera que -
aunque incipiente y aún en proceso - ha venido dotando de espacios de autonomía a
las relaciones comerciales y financieras en el ámbito interregional.
- El Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML). Este es un mecanismo de pagos
informatizado que permite a los importadores y exportadores argentinos y brasileños,
realizar el pago y cobro de las operaciones comerciales en sus respectivas monedas. El Convenio Constitutivo del SML, firmado en septiembre de 2008, establece que el objetivo
del Sistema “Es facilitar las transacciones entre los dos países en monedas locales y
reducir la transferencia en divisas (dólares estadounidenses) entre sí” [Bancos Centrales
de Argentina y Brasil, 2008]. EL SML es un mecanismo opcional, complementario de los
sistemas de pagos vigentes en Argentina y Brasil, que se conforma como un sistema de
compensación y transferencia de valores, en el cual tanto el importador como el
exportador tienen la facilidad de poder pagar y cobrar en sus respectivas monedas
locales (pesos argentinos/reales brasileños) por el comercio de bienes, así como por los
servicios y gastos –como fletes y seguros– relacionados con dicho comercio. EL SML no
es un mecanismo de cobertura de riesgo cambiario y de acuerdo a lo estipulado en su
reglamento, los Bancos Centrales de ambos países no cobran entre sí comisiones ni
gastos relativos a los trámites que realizan.
En el Convenio del SML, se estipula que este mecanismo responde a la necesidad de
desarrollar instrumentos financieros de bajo costo para las transacciones entre el Peso
Argentino y el Real Brasileño; se afirma que los costos de transacción de las operaciones
cursadas en dólares estadounidenses, así como las dificultades para comerciar en
monedas locales de ambos países, pueden desanimar a las pequeñas y medianas
empresas a operar en comercio exterior; se señala la relevancia de los flujos comerciales
entre Argentina y Brasil y de estos países con el MERCOSUR y el hecho de que la
creación del SML podría ser un antecedente para una posterior implementación de este
mecanismo con los demás países del bloque; y, se destaca que este mecanismo
permitirá aumentar la liquidez y la eficiencia del mercado de cambios y la integración
financiera entre Brasil y Argentina, que es uno de los propósitos de la integración regional
previstos en el Tratado de Asunción que dio origen al MERCOSUR.
En términos operativos, los participantes del SML son los importadores y exportadores de
ambas naciones, los bancos autorizados en cada país a incorporarse a este esquema y
los bancos centrales de ambos países. La mecánica a seguir consiste en que el
importador registra su operación y ejecuta el pago en su propia moneda en cualquiera
de los bancos autorizados a operar el SML. Posteriormente, se realiza la compensación
entre los bancos centrales de los valores en moneda local y después los bancos
centrales transfieren el crédito a los exportadores por medio del sistema bancario. De
esta manera, tanto el importador como el exportador pagan y cobran en sus respectivas
monedas, sin tener que hacer ninguna modificación respecto a la documentación y
trámites de comercio exterior en ninguno de los dos países.
La principal sugerencia del presente capítulo, es que deberían desarrollarse todos
los esfuerzos posibles para construir una arquitectura financiera regional en América
Latina y El Caribe, y que dicha construcción, pese su complejidad y a las dificultades que
habría que sortear para concretarla –algunas de las cuales se identificarán más
adelante–, es un objetivo de mediano plazo no sólo viable, sino además necesario para
crear en la región las condiciones que exige el desarrollo económico y social, dado el
actual y previsible escenario mundial.
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Una Visión Latinoamericana y Caribeña
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La propuesta de avanzar en la construcción de una arquitectura financiera regional en
América Latina y el Caribe, está apoyada en las evidencias y los procesos presentes
tanto en el escenario internacional, como en el propio escenario regional:
• Del espacio internacional, en primer lugar es obligado desprender la existencia de un
profundo deterioro en la arquitectura financiera global, que si bien en lo inmediato
está relacionado con los contenidos de la actual crisis mundial y con los factores que
provocaron su estallido, en una perspectiva más amplia se vincula a los fundamentos
en que dicha estructura se ha apoyado y a las formas de funcionamiento que desde
hace ya tiempo están presentes en los mercados financieros y en la base monetaria
sistémica.
Los problemas monetario-financieros que hoy han estallado son una consecuencia
inevitable –y probablemente repetible–, de las modalidades de desenvolvimiento
sistémico del crédito en las décadas recientes, así como de las graves debilidades e
inconsistencias presentes en la base monetaria-dólar al menos desde la ruptura del
sistema de Bretton Woods. En lo que respecta al crédito, problemas tales como la
desregulación profunda de las finanzas en los ámbitos nacionales y en su movimiento
internacional; el despliegue sin freno alguno de todo tipo de operaciones, incluidas
aquellas que más han favorecido la falta de transparencia, el ocultamiento de
información, la evasión fiscal, los esquemas Ponzi, los “productos estructurados”, etc.;
la imposición de todo tipo de condicionalidades hacia los países en desarrollo por
parte de los organismos financieros internacionales; y la obtención de desmesuradas
ganancias en la intermediación y especulación financiera incluso en medio de la
crisis, son sólo algunas de las expresiones de un funcionamiento de los mercados
crediticios internacionales que en nada responde al papel que dichos mercados
deberían jugar en la economía mundial, y de ninguna manera se ajusta a las
necesidades que en ese ámbito es necesario atender en países como los
latinoamericanos y caribeños.
En el ámbito monetario internacional, la situación no es mejor. La permanencia del
dólar como divisa principal –simultánea a los cuantiosos déficit externos de la
economía que lo emite–, desde hace ya tiempo se ha constituido en fuente de
graves desequilibrios en la economía internacional, de recurrentes fluctuaciones en
las paridades cambiarias que trastocan todo cálculo económico, y de potenciales
ataques especulativos que obligan a mantener cuantiosas reservas. Esos montos de
reservas, lejos de utilizarse como fuente para impulsar los procesos de desarrollo, en
buena parte se canalizan precisamente hacia el sistema financiero estadounidense,
ayudando así a atenuar la declinación del dólar y, con ello, a la reproducción de un
círculo vicioso cuya ruptura es sólo cuestión de tiempo y ante la cual es necesario
tomar todas las prevenciones posibles.
También en el escenario internacional, a las evidencias que dan cuenta de un
profundo deterioro en la arquitectura financiera global, se suman aquellas otras que
apuntan a una muy probable permanencia de elementos centrales de dicho
deterioro. Si bien se han inyectado grandes volúmenes de recursos a la reactivación
tanto por parte de los gobiernos en sus respectivas economías, como en el ámbito
internacional a través de los acuerdos del G-20, y aunque a ello se agregan las
medidas, que en principio están acordadas, para suavizar algunas de las aristas más
dañinas provocadas tanto por la falta de regulación como por la muy laxa
aplicación de las pocas regulaciones existentes respecto de los mercados e
intermediarios financieros, todo ello muy probablemente no será suficiente para
lograr el tipo de mercados e intermediarios que se requieren desde la perspectiva de
Secretaría Permanente Relaciones Extrarregionales
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países como los latinoamericanos y caribeños, la gran mayoría de los cuales ni
siquiera tienen voz en el interior del G-20.
Desde esa perspectiva, de ninguna manera es suficiente sólo superar la actual crisis y
evitar –en el mejor de los casos– la reproducción de burbujas como la inmobiliaria del
2001-2007 o los excesos más notorios de la desregulación financiera, ni menos aún es
suficiente la inyección de recursos al FMI que le permitirá reproducir, apenas
suavizándolas en el mejor de los casos, las prácticas que lo caracterizan desde hace
ya mucho. En todos esos ámbitos, las medidas tomadas empujan a reproducir
condiciones de funcionamiento que sin ninguna duda deberían ser superadas, y a
ello se agrega la ausencia de medidas, en la agenda del G-20, que apunten a la
muy necesaria redefinición de la base monetaria del sistema y del sistema mundial
de reservas actualmente existente.
Por tanto, los problemas del orden monetario y financiero internacional son mucho
mayores y más profundos que las soluciones que hasta ahora se están definiendo y
aplicando en el plano global, y al menos en un futuro previsible nada indica que se
estén definiendo y aplicando soluciones de fondo, ante lo cual se vuelve imperativo
que América Latina y el Caribe articule posiciones comunes en torno a temas como
los siguientes:
• La demanda de ampliar sustancialmente los ámbitos de discusión y de toma de
acuerdos, no sólo respecto a la crisis actual, sino también en relación con todos
aquellos problemas de carácter sistémico que hoy requieren de un tratamiento
inclusivo.
• La necesidad de que el costo de la crisis y de la recuperación, corra por cuenta
de las economías en que dicha crisis se gestó y, dentro de ellas, de los agentes
cuya actuación creó las condiciones para su estallido.
• La imperiosa necesidad de que los sistemas financieros y el conjunto del
funcionamiento del crédito, nacional y globalmente, estén efectivamente al
servicio de las necesidades productivas y no de la especulación, asegurando las
condiciones para que dicho crédito se constituya en una efectiva palanca a
favor del desarrollo y de la atención de las necesidades básicas que en pleno XXI
están lejos de ser cubiertas para una buena parte de la población mundial.
• La recuperación y efectiva aplicación, en el ámbito internacional, de los
mecanismos de supervisión, regulación y control sobre los mercados e
intermediarios financieros, revirtiendo en tal sentido las tendencias a la reducción
de normas y a la laxitud en su aplicación que se impusieron en las décadas
recientes.
• El necesario llamado a cuentas a los organismos financieros internacionales que
por sus funciones tienen la mayor responsabilidad en la generación, irrupción y
propagación de la crisis, y cuya permisividad y pasividad frente a las causas, los
países y los actores que la provocaron, jugó un papel central en la profundidad
con que esta se ha desenvuelto.
• La exigencia de finalizar con las profundas asimetrías que hasta la fecha existen
entre los países desarrollados y en desarrollo, respecto de los criterios de
actuación de las IFIs frente a esos dos grupos de países en temas tales como la
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corrección de desequilibrios macroeconómicos y en particular de balanza de
pagos, los capitales y prácticas especulativas.
• La necesidad de modificar por completo los criterios de condicionalidad que
hasta ahora se imponen a los países en desarrollo para tener acceso a los
recursos de las IFIs, así como los montos y la lentitud de acceso a dichos recursos.
• Una profunda revisión de la pertinencia de las actuales IFIs con los principios,
objetivos y prácticas que los han caracterizado, lo cual debería apuntar a mucho
más que la sola reformulación de sus sistemas de votación y de definición de sus
cuerpos ejecutivos.
• La necesidad de recuperar espacios de ejercicio de la soberanía nacional y
regional, frente a los movimientos internacionales de capital, definiendo en
función de ello las normas y regulaciones que aseguren la pertinencia de dichos
movimientos desde la perspectiva de las necesidades del desarrollo.
• La demanda por un sistema monetario internacional que no siga siendo fuente
de desequilibrios sistémicos, que sea estable y previsible, que tenga un
funcionamiento acorde con necesidades muy distintas a las que ahora responde
y que no dependa de un país emisor, menos aún si ese país posee los niveles de
endeudamiento que caracterizan a los Estados Unidos. Si ese nuevo sistema
monetario tuviera como eje a los DEG, ello debería acompañarse de una revisión
de los criterios de asignación de esos Derechos, y probablemente de una
definición de la instancia más apropiada para emitirlos.
A pesar de la necesidad de articular posiciones regionales frente a temas como los
recién señalados, es necesario reconocer que, salvo cambios profundos en el ámbito
internacional que no se avizoran en un futuro cercano, no es desde ese ámbito que
se generarán las condiciones que América Latina y el Caribe requiere de la esfera
financiera para ponerla al servicio de las necesidades del desarrollo. Esto obliga –sin
abandonar la exigencia de modificaciones globales– a dirigir los principales esfuerzos
hacia el espacio regional, creando en él una arquitectura financiera que ponga a la
región, al menos parcialmente, a resguardo de un orden económico sistémico cuya
redefinición aún deberá esperar.
• En el escenario regional, si bien la construcción de la arquitectura financiera
latinoamericana y caribeña enfrenta una serie de limitaciones e interrogantes a los
que se hará referencia más adelante, también cuenta con elementos a su favor, los
cuales interesa destacar brevemente.
Un primer elemento a favor de dicha construcción, se refiere a los avances que ya
han venido ocurriendo en materia de cooperación monetaria y financiera. En la
medida en que las distintas estructuras de cooperación ya existentes puedan
potenciar su funcionamiento y algunas, si es el caso, puedan ser readecuadas en
función de las necesidades de la arquitectura financiera regional en proceso de
construcción, ellas pueden constituirse en un importante activo de dicho proceso,
aprovechándose al máximo la experiencia y los resultados que en ese ámbito se ha
venido acumulando.
Para ello, sin embargo, sería necesario ir reduciendo de manera sustancial la
diversidad de estructuras y la heterogeneidad de características presentes en ellas,
teniendo presente que esa diversidad se corresponde en buena medida con la
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multiplicidad de esquemas y mecanismos de integración que operan en la región. En
ese sentido, la aparición y desarrollo de nuevos esfuerzos integracionistas de mayor
alcance en la región –en términos de membresía, pero también de profundidad y de
multiplicación de objetivos y ámbitos de acción– como lo es la UNASUR, y la futura
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es probable que favorezca la
reducción y agrupación de las actuales estructuras de cooperación monetaria y
financiera.
Finalmente, interesa destacar que, además de las condiciones que se han identificado
como necesarias de atender para la construcción de una arquitectura financiera
regional en América Latina y El Caribe, existen también otros elementos condicionantes,
que no tienen que ver con el proceso mismo de construcción sino con el contexto en el
cual dicho proceso debería desenvolverse. Si bien, como se argumentó anteriormente,
los escenarios económicos y políticos en la región favorecen en lo general el avance
hacia dicha arquitectura, dichos escenarios siguen siendo notablemente diversos y
probablemente no en todos los casos la construcción de esa arquitectura concitará de
manera rápida los niveles necesarios de acuerdo y de decisión política para avanzar en
esa dirección. Hoy coexisten en América Latina y el Caribe visiones distintas acerca de
los rumbos hacia los que debería apuntar el desarrollo económico y social, del papel del
Estado en la definición y construcción de esos rumbos, de las estrategias de inserción en
la economía internacional que deberían seguir los países y del papel que en todo ello
corresponde tanto a la integración regional como a la construcción de la arquitectura
financiera que aquí se está proponiendo.
En el sentido anterior, si bien a la luz de las condiciones pasadas, presentes y futuras de
funcionamiento de la economía internacional la necesidad de esa arquitectura se
justifica en sí misma, con una relativa independencia de los proyectos económicos y
políticos que en cada país estén vigentes, el asumir esa necesidad supone reconocer a
la región como un espacio prioritario de vinculación y de construcción multiestatal de
políticas financieras y monetarias. Si ese convencimiento en los hechos no existe, o no
tiene la fuerza necesaria, difícilmente se podrá avanzar hacia la construcción de la
arquitectura financiera regional, sobre todo considerando que dicho avance requiere
del cumplimiento de un conjunto de acciones descritas en párrafos previos, las cuales
sólo podrán concretarse en el marco de una clara decisión política de los gobiernos
participantes.
Un segundo elemento condicionante, se deriva también del conjunto de acciones que
implica la construcción de la arquitectura financiera regional, y se refiere a los niveles de
conocimiento y consenso público que dicha construcción supone. La definición y
aplicación de políticas comunes, el cumplimiento de criterios de convergencia, el uso de
recursos para objetivos definidos en el ámbito regional, entre otras, son decisiones que se
harán sentir en el conjunto de los países involucrados y que difícilmente podrán cumplirse
sino existe un amplio consenso social a favor esa construcción. Ello implica que, más allá
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de las discusiones y acuerdos entre gobiernos y de los análisis de especialistas, el avance
hacia la arquitectura financiera regional se constituya en un objetivo social compartido,
lo que sólo será posible si desde sus primeras etapas, y a lo largo de todo el proceso, se
crean no sólo canales de la más amplia información sobre lo que está a discusión, sino
también mecanismos que permitan abrir la discusión, e influir informadamente en la
toma de decisiones, a una diversidad de sectores y actores sociales de la región.
Reunión Regional: Reforma de la Arquitectura Financiera Internacional y Cooperación Monetaria y
Financiera en América Latina y el Caribe
Caracas, Venezuela
8 y 9 de abril de 2010
SP/RR:RAFICMFALC/DT N° 3-10. Disponible en: http://www.sela.org/media/266128/t023600003962-0-dt_3_reforma_arquitectura_financiera_-esp.pdf.http://www.sela.org/media/266128/t023600003962-0-dt_3_reforma_arquitectura_financiera_-esp.pdf
